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Gestión de los Conflictos de interés en la Gestión de los Fondos Europeos

Proceso de autoevaluación del riesgo incluido el fraude

Gestión de los Conflictos de interés en la Gestión los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el Periodo de Programación 2014-2020 en la Junta de Andalucía.

APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y GESTORES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR CONFLICTOS DE INTERÉS.

Por todos aquellos que trabajamos en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sabemos que una de las novedades que se incluyeron en el periodo de programación 2014-2020 fue la gestión del riesgo y fraude.

Esta “novedad” atiende a lo recogido en el artículo 59 (2) del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, en el que se indica que se han de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, a saber, mediante la prevención, detección y corrección de irregularidades y fraude.

El artículo 125.4.c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, en adelante Reglamento de Disposiciones Comunes, dispone que “En lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa operativo, la autoridad de gestión deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados”.

Es por ello que durante el marco de programación 2014-2020 las diferentes Autoridades de Gestión y, por extensión, los Organismos Intermedios, han establecido mecanismos y procedimientos para identificar, prevenir, corregir y perseguir el riesgo inherente a la gestión de los Fondos EIE, incluido el fraude. Para ello ha sido necesario, en muchos casos, articular circuitos administrativos específicos para la identificación, autoevaluación y comunicación de los riesgos.

Uno de los elementos destacados dentro del mapa de riesgos de cualquiera de estos organismos está posible existencias de conflictos de intereses que puedan afectar a procesos clave en la gestión como son la contratación, gestión de ayudas (análisis de subvencionabilidad de las bases reguladoras o adjudicación de subvenciones para los casos de convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva) o incluso la verificación/control.

La legislación de la Unión Europea define este concepto para aplicar el presupuesto general de la UE. Esta definición se aplica a todos los tipos de contratación pública financiados con fondos de la UE en el marco de las acciones estructurales y la política de cohesión, con independencia de su cuantía.

Elementos de aplicación de la guía de Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionadas (EGESIF_14-0021-00)

Según la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el concepto de conflicto de intereses se define como “un conflicto entre el deber y los intereses privados de un empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales”.

Conocido el riesgo y la necesidad de atenuarlo, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos han articulado actividades hacia sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Conforme a lo previsto en la citada Ley, cuando una disposición específica así lo ha establecido, o se ha estimado conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que haya podido producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se han publicado en el boletín oficial correspondiente, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

[hover_color align=»center» background=»#8dbf43″ background_hover=»#50b05b» border=»» border_hover=»» border_width=»0px» padding=»40px 30px» link=»» target=»» class=»» style=»text-align:left;»]En la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se han de atender a los conflictos de intereses que puedan afectar a procesos clave en la gestión como son la contratación, gestión de ayudas (análisis de subvencionabilidad de las bases reguladoras o adjudicación de subvenciones para los casos de convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva) o incluso la verificación/control.[/hover_color]
El artículo 98 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establece que los órganos superiores y directivos han de impulsar y dirigir la actividad administrativa mediante instrucciones, circulares y órdenes de servicio.

El artículo 61 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión proporciona una definición de conflicto de intereses para los fines del gasto y de la gestión del presupuesto de la UE. En él se recoge lo siguiente:

 

  1. Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del título IV “EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO”, y otras personas, incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.
  2. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un miembro del personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión remitirá el asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se aplica el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asunto al ordenador correspondiente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el ordenador por delegación confirmará por escrito si se considera que existe un conflicto de intereses. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que corresponda o la autoridad nacional pertinente velará por que se adopte cualquier medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.
  3. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.

 

En este sentido y en el ámbito específico de la contratación destacar que el artículo 64.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que: “Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”

Además, el artículo 24 de la Directiva 20147247UE sobre contratación pública señala que:

“El concepto de conflicto de intereses comprenderá al menos cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación”.

[hover_color align=»center» background=»#8dbf43″ background_hover=»#50b05b» border=»» border_hover=»» border_width=»0px» padding=»40px 30px» link=»» target=»» class=»» style=»text-align:left;»]La gestión del riesgo y fraude en general, y la articulación de medidas orientadas a la prevención de la existencia de conflictos de intereses en particular, atiende a lo recogido en el artículo 59 (2) del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, en el que se indica que se han de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, a saber, mediante la prevención, detección y corrección de irregularidades y fraude.[/hover_color]
Por todo ello, y sin menoscabo de lo recogido en el código ético y de conducta de los empleados públicos recogido en el capítulo VI del Estatuto Básico del Empleado Público, se hace necesario documentar y registrar, en todos los casos, la ausencia de estos conflictos de interés, estableciendo instrucciones específicas que lo regulen.

Valga esta contextualización, justificación y repaso general para orientar a todos los actores participantes en la ejecución del presupuesto de la UE en la articulación de las medidas necesarias para atender a este riesgo.